Reglamento de Protección Datos Europeo

El 25 de mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Aunque no sería de aplicación hasta dos años después, se recomendó la importancia de que las organizaciones se fueran adaptando a sus procesos, ya que la nueva normativa supone una gestión distinta de la que se viene empleando, por lo que la Agencia Española de Protección de datos recomienda a las organizaciones que vayan adaptando sus procesos, más aún cuando solamente quedan 2 meses para ello.

 

PULSE AQUÍ PARA LEER LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL RGPD

Separación del socio

El artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), que regula el derecho de separación del socio por falta de distribución de dividendos, continúa con su azarosa andadura.

Su vigencia fue suspendida hasta en dos ocasiones antes de que el mismo entrara en vigor definitivamente el pasado 1 de enero de 2017 y siempre ha venido recibiendo duras críticas; unas por la falta de precisión de su redactado y otras por parte de las empresas familiares, que ven peligrar su estabilidad económica por un posible uso indiscriminado del mismo.

El citado artículo se introdujo como un mecanismo de protección de los socios minoritarios frente a aquellos supuestos en que los mayoritarios, de forma reiterada, se niegan a repartir dividendos cuando ello es posible. Sin embargo, la realidad es que dicho artículo ha generado una situación contraria a la esperada al dotar de un poder excesivo a los socios minoritarios, pudiendo éstos incluso llegar a condicionar la decisión sobre el reparto de dividendos en contra de la voluntad mayoritaria, todo ello a través de la amenaza de ejercitar su derecho de separación en caso de no efectuarse dicho reparto.

En una situación económica como la actual, en la que muchas sociedades, pese a obtener beneficios, carecen de liquidez para satisfacer el dividendo mínimo legal, y su situación tampoco les permite restituir las aportaciones de sus socios en caso de que éstos ejerciten su derecho de separación, la aplicación del artículo 348 bis puede llevar a muchas sociedades a tener dificultades económicas por falta de liquidez.

Para intentar paliar la problemática suscitada desde la su entrada en vigor, el pasado 1 de diciembre el Gobierno presentó una Proposición de Ley para la modificación del artículo 348 bis, pretendiendo alcanzar con ello un equilibrio entre la sostenibilidad financiera de la sociedad y la legítima aspiración de los socios a participar de los beneficios cuando ello sea posible y razonable.

A la vista del nuevo redactado, podemos destacar, como principales novedades, las siguientes:

 

  • 1ª. Se imposibilita que el derecho de separación pueda ser ejercitado hasta que el quinto ejercicio desde la inscripción de la sociedad haya finalizado, a diferencia de lo que sucedía con el anterior redactado, en el que el derecho de separación podía ejercitarse al comienzo del quinto ejercicio, respecto a los beneficios obtenidos en el cuarto ejercicio.
  • 2ª. Se reduce la cantidad mínima a repartir como dividendo para dejar sin efecto el derecho de separación, pasándose de un tercio a un cuarto de los beneficios legalmente repartibles.
  • 3ª. Se elimina la expresión “beneficios propios de la explotación del objeto social”, incluyéndose con ello en el reparto los beneficios obtenidos por resultados extraordinarios o excepcionales, es decir, aquellos ingresos ajenos a la actividad típica de la empresa, y de cuantía significativa en relación al importe neto de la cifra de negocio, y cuyo origen se refiera a operaciones que no se produzcan con frecuencia. No obstante, sí se sigue manteniendo la referencia a “beneficios que sean legalmente repartibles”, siéndolo éstos cuando no exista causa legal alguna que impida dicho reparto, como puede ser, por ejemplo, la necesidad de compensar pérdidas o de dotar reservas legales o estatutarias.
  • 4ª. Se amplía significativamente el periodo necesario de obtención de beneficios por parte de la sociedad para que el socio pueda ejercitar su derecho de separación. Así, mientras que con el anterior redactado era suficiente con que la sociedad hubiera obtenido beneficios el ejercicio anterior, y no hubiera acordado el reparto de, al menos, un tercio de éstos, ahora será necesario que la sociedad obtenga beneficios durante tres años consecutivos, de manera que la irrupción de un año con pérdidas obligará a reiniciar el cómputo.
  • 5ª. Se abre la posibilidad que los estatutos de la sociedad contemplen la renuncia al derecho de separación previsto en el propio artículo 348 bis. Para incorporar esta posibilidad será necesario el consentimiento de todos los socios y, en caso contrario, deberá ofrecerse el derecho de separación al socio que hubiera votado en contra.

 

Seguiremos atentos al trámite parlamentario de esta proposición.

 

Novedades Fiscales Enero 18

El pasado mes de diciembre se han realizado una serie de modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre las Personas Físicas, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En cuestión de tributación indirecta, también se han realizado modificaciones en pasado diciembre relevantes en materia de facturación y llevanza de libros registro de IVA.

Novedades Tributación Directa e Indirecta

También se han introducido novedades en el ámbito del Reglamento General del Régimen Sancionar Tributario:

Novedades Régimen Sancionador Tributario

 

Ley Contratos Sector Público

Se ha publicado en el BOP la nueva ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del parlamento europeo y del Consejo 2014/23/ue y 2014/24/ue, de 26 de febrero de 2014. Su entrada en vigor será el próximo 9 de marzo de 2018.

 

OBJETIVOS:

  • Mayor transparencia.
  • Mejor relación calidad-precio (aspectos medioambientales, sociales, etc.).
  • Simplificación tramites.
  • Mejor acceso para las PYMES.

 

NOVEDADES INTRODUCIDAS:

  • Ámbito de aplicación: los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales, así como las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos siempre que se cumplan determinadas circunstancias como que su financiación sea mayoritariamente pública, se regirán por la nueva Ley, por lo que deberán aplicarla a la hora de realizar cualquier tipo de contrato, obteniéndose con esta medida una menor posibilidad de fraude. De la misma manera, se suprimen los contratos de gestión de servicios públicos y los contratos de colaboración público privada.
  • Nuevos procedimientos con publicidad: el abierto simplificado, sencillo en la preparación tanto para los licitadores como para la Administración y rápido en su resolución; el de licitación con negociación, limitado a determinados supuestos y siempre previa informe de necesidad motivado; y el de asociación para la innovación, que parte de la necesidad de productos que no existen o que existen pero no son suficientemente buenos, para poder apoyar soluciones innovadoras.
  • PYME: novedades para facilitar el acceso de las mismas a la contratación. Se introduce una nueva regulación de la división en lotes de los contratos, y se incluye como criterio de solvencia que tendrá que justificar el adjudicatorio del contrato, el cumplir con los plazos establecidos por la normativa vigente sobre pago a proveedores.
  • Incidencias sobre el derecho laboral: los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán incluir, la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo de aplicación. También, las administraciones públicas vendrán obligadas a la subrogación en caso de asumir el servicio si así lo establecen una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general.
  • Creación de tres órganos colegiados a nivel estatal -Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, Comité de Cooperación en materia de contratación pública, y Oficina de Supervisión de la Contratación- con el doble objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones de gobernanza que establecen las Directivas UE y de combatir las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación pública.
  • Otros puntos importantes: obligatoriedad de la contratación electrónica en todos los aspectos del proceso, ampliación del recurso especial en materia de contratación, supresión del concepto de oferta económicamente más ventajosa.

 

 

Patrocinio Christmas Concert Barcelona

UHY Fay & Co Barcelona vuelve a participar como copatrocinador en la tercera edición del Christmas Concert Barcelona, un evento emblemático en la ciudad condal que destina los fondos recogidos a una obra benéfica. Este año el beneficiario de los fondos será Fundación Boscana, una organización que lucha por la integración de discapacitados en la sociedad.

La cita para este evento es el 20 de diciembre y tendrá lugar en el emblemático Palacio Real de Pedralbes, que abre sus puertas por primera vez para acoger un evento de esta categoría. El concierto lo realizará la famosa violinista de reconocimiento internacional Leticia Moreno con acompañamiento de piano. Entre las obras que se tocaran destacan piezas musicales de Enrique Granados “Sonata para violín y piano”, de Mauirce Ravel “Tzigane”, de Astor Piazzolla “Le Grand Tango” y de Pablo de Sarasate “Carmen”.

El evento comenzará a las 19:00h con la apertura de puertas, cuándo las empresas patrocinadoras, entre ellas UHY Fay & Co, tendrán presencia en una zona de exposición. A continuación, a las 19:30h comenzará el concierto que se alargará hasta las 20:30. Tras éste, el evento pondrá fin con un menú navideño con degustación de ostras,  cata de cocktails y un brindis con la artista.

Aprovechando la ocasión, UHY Fay & Co Barcelona sorteará entre los asistentes que se inscriban a su sorteo un abono al Liceu para la temporada 17-18. Para participar en el concurso solo hará falta inscribirse en las papeletas que estarán disponibles en la mesa de UHY Fay & Co ubicada en la zona de exposición.

Si desea más información sobre este evento o desea participar puede ponerse en contacto con la oficina de Barcelona a través del mail barcelona@uhy-fay.com o del teléfono 93 595 50 50.

 https://www.christmasconcertbarcelona.com/

Novedades fiscales en Contratos del Sector Público

En el BOE de 9 de noviembre de 2017, se ha publicado la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, entrando en vigor, salvo excepciones, el 9 de marzo de 2018 (cuatro meses de su publicación en el BOE, según regula la D.Final 16.ª-).

Si bien la nueva Ley introduce muchas novedades en el ámbito de la contratación con el sector público, con la finalidad de lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y de conseguir una mejor relación calidad-precio, la presente circular se ceñirá únicamente a las modificaciones normativas introducidas por dicha norma, que afectan especialmente al ámbito tributario y en concreto a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante LIVA).

Efectivamente, en la disposición final décima de dicha norma, el legislador  introduce modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor añadido (LIVA), las cuales entrarán en vigor el 10 de noviembre de 2017, según se establece en la D Final 16ª. Concretamente, se modifican los artículos 7.8.º; 78.Dos.3.º y Tres.4.º y 93.Cinco, relativos a:

  • Operaciones no sujetas al impuesto de determinadas operaciones realizadas por entes públicos;
  • el concepto de subvención vinculada a precio a efecto de su inclusión en la base imponible del IVA y
  • al régimen de deducción de las cuotas soportadas en entidades del sector público

 

1. Operaciones no sujetas al impuesto realizadas por las Administraciones públicas(art. 7.8 de la LIVA)

Este precepto ha sufrido diversas modificaciones, pero entendemos que sigue sin resolverse totalmente la amplia problemática que suscita la tributación en nuestro ordenamiento interno de las operaciones en el IVA realizadas por las Administraciones públicas y su encaje con la normativa comunitaria. También sobre esta materia han existido discrepancias entre los tres órganos que fijan la doctrina administrativa y la jurisprudencia, con criterios dispares entre la Dirección General de Tributos (DGT), el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) y el Tribunal Supremo (TS).

Las principales novedades que se incluyen en esta materia en la Ley de contratos del sector público son las siguientes:

Desaparece la mención a las “encomiendas de gestión”, para ser sustituidas por los “encargos ejecutados por las entidades”, de esta forma se establece que no están sujetos al IVA los servicios prestados en virtud de los encargos ejecutados por los entes, organismos y entidades del sector público que ostente, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de contratos del sector público, la condición de medio propio personificado del poder adjudicador que haya ordenado el encargo, cumpliéndose los términos del referido preceptob) Se amplía el supuesto de no sujeción para todos los servicios prestados, en virtud de encomiendas de encargo o prestados por Administraciones Públicas (entes, organismos y entidades) a favor de otra Administración de la que dependan o de otra íntegramente dependiente de estas, para todos los servicios prestados entre las entidades íntegramente dependientes de la misma Administración pública. Lo que planteará dudas sobre la aplicación de la no sujeción en el caso cuando se trate de entes en los que participan distintas Administraciones públicas.

C) Se modifican nuevamente las operaciones realizadas por los entes públicos de radio y televisión, por la necesidad de acomodarse a la normativa y jurisprudencia comunitarias fundamentalmente por la Sentencia del TJUE de 22 de junio de 2016asunto C-11/15, Ceský Rozhlas., que exigía clarificar el régimen de sujeción de la actividad de radiotelevisión efectuada por las entidades del sector público que solo deben quedar sujetas al impuesto y ser generadores del derecho a la deducción, cuando tengan carácter comercial o mercantil. De esta manera, en la actualidad estarán sujetas en todo caso las entregas de bienes y prestaciones de servicios comerciales o mercantiles efectuadas por los entes públicos de radio y televisión, incluidas las relativas a la cesión del uso de sus instalaciones.

 

2. Subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al impuesto (art. 78. Dos y Tres de la LIVA)

Se suprime la mención a las subvenciones no vinculadas al precio como concepto que no debía ser objeto de inclusión en la base imponible, consecuencia de esta modificación se hace necesario excluir de la consideración de subvenciones vinculadas al precio a aquellas aportaciones financieras, cualquiera que sea su denominación, que las Administraciones públicas realizan para:

a) La gestión de servicios públicos o de fomento de la cultura cuando no existe distorsión significativa de la competencia, generalmente porque no se prestan en régimen de libre concurrencia al tratarse de actividades financiadas total o parcialmente por la Administración (por ejemplo, los servicios de transporte municipal). Estas aportaciones financieras que no constituyen subvenciones vinculadas al precio de las operaciones no limitarán el derecho a la deducción del IVA soportado por estos operadores, tal como se recoge en el artículo 93.Cinco,último párrafo de la LIVA, que es otra de las modificaciones del IVA introducidas.

b) Actividades de interés general cuyo destinatario es el conjunto de la sociedad, ya que no existen destinatarios identificables ni usuarios que satisfagan contraprestación alguna (en este caso pueden incluirse las aportaciones efectuadas para financiar actividades de investigación, desarrollo e innovación o los servicios de radiodifusión pública), en este caso, sin perjuicio, del efecto que se puedan derivar en el ejercicio del derecho a la deducción.

 

3. Deducción de cuotas soportadas por quienes realicen conjuntamente operaciones sujetas y no sujetas por aplicación del artículo 7.8 de la LIVA (sujetos pasivos duales)(art. 93.Cinco de la LIVA)

Para facilitar la determinación del régimen de deducción de las entidades del sector público que realizan este tipo de operaciones (es decir, realizan simultáneamente operaciones sujetas y no sujetas al Impuesto), se matiza que, al amparo del criterio general de deducción en los casos de “sujetos pasivos duales” consistente en ejercerlo con base al criterio razonable y homogéneo de imputación de las cuotas correspondientes a los bienes y servicios utilizados para el desarrollo de las operaciones sujetas al impuesto, podrá considerase válido el  atender a la proporción que represente el importe total, excluido el IVA, determinado por cada año natural, de las entregas de bienes y prestaciones de servicios de las operaciones sujetas al impuesto, respecto del total de ingresos que obtenga el sujeto pasivo en cada año natural por el conjunto de su actividad.

La norma precisa, además, que este régimen de deducción no se aplica a las actividades de gestión de servicios públicos en los que no exista una distorsión significativa de la competencia.

Por último, señalar que en la disposición adicional 13ª de la Ley de contratos del sector público, se establece que las referencias al IVA deberán entenderse realizadas al impuesto general indirecto canario o al impuesto sobre la producción, los servicios y la importación aplicable en Ceuta y Melilla.

 

Otras modificaciones

Tal y como se ha indicado al inicio, en la citada Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector público, también se introducen otras modificaciones que afectan al ámbito tributario que a continuación se relacionan a efectos informativos. Así, y con la finalidad de aclarar la naturaleza jurídica de las tarifas que abonan los usuarios por la utilización de las obras o la recepción de los servicios, tanto en los casos de gestión directa de estos, a través de la propia Administración, como en los supuestos de gestión indirecta, a través de concesionarios, como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, se da nueva redacción a la disposición adicional primera de la Ley 58/2013, de 17 de diciembre, General Tributaria; al artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, añadiéndole un nuevo apartado 6, y al artículo 2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, del régimen jurídico de las tasas y los precios públicos añadiéndole una nueva letra c).

Delito de revelación de secretos de empresa

Se trata de un tipo delictivo que viene regulado en el artículo 279 del Código Penal y sanciona expresamente “La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva”.

Es un delito que protege la libre competencia y, con ello, la defensa de la empresa frente a intromisiones ilícitas de otros competidores que puedan perjudicar su posición en el mercado a través del conocimiento de datos reservados de la propia empresa.

Debemos subrayar, que según manifiesta la Jurisprudencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo, el delito del artículo 279 del Código Penal queda integrado por los siguientes elementos:

  • Tiene por objeto el llamado secreto de empresa.
  • El medio comisivo consiste en la difusión, revelación o cesión del tal secreto.
  • El sujeto activo ha de ser quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, esto es, de mantener el secreto que él precisamente conoce porque su relación concreta con empresa así lo exige.

Como reiteradamente ha resuelto nuestra Jurisprudencia,  el elemento nuclear de este delito es el “secreto de empresa, aunque es un término que no viene definido en nuestro Código Penal al tratarse de un concepto dinámico y no constreñible en un “numerus clausus”, por eso, debemos acudir a la concepción funcional-práctica, debiendo considerarse secretos de empresa los propios de la actividad empresarial, que de ser conocidos contra la voluntad de la empresa, pueden afectar a su capacidad competitiva.

Así, por secreto de empresa debe entenderse toda la información relativa a la misma que es utilizada y conservada con criterios de confidencialidad y exclusividad, en aras a asegurarse una posición óptima en el mercado frente al resto de las empresas competidoras.

Su contenido suele entenderse integrado por los secretos de naturaleza técnico industrial, los de orden comercial (listado de clientes y de proveedores, precios de adquisición y venta al público de los productos) y los organizativos (como las cuestiones laborales, de funcionamiento y planes de empresa o estrategias).

Debe subrayarse, que son notas características de este tipo delictivo la confidencialidad (pues se quiere mantener bajo reserva), la exclusividad (en cuanto propio de una empresa), el valor económico (ventaja o rentabilidad económica) y la licitud (la actividad ha de ser legal para su protección).

Es importante incidir, en que la información empresarial se erige en nuestros días en un interés de primer orden, imprescindible para subsistir y progresar en un mercado intensamente competitivo.

Por ello, resulta crucial para el empresario conservar el dominio de su saber, no sólo técnico, sino también comercial y de cuanta información concierna a su empresa. Por ello, el secreto de ese conocimiento se configura como una importante arma competitiva de los agentes económicos, necesaria para su eficacia.

En cuanto a la materialización del delito, ésta puede producirse en todo género de soporte, tanto en papel como en dispositivos electrónicos, y tanto en original como en copia, así como por comunicación verbal y cabe incluir tanto cifras como listados, partidas contables, organigramas, planos memorándums internos, etc.

Creemos conveniente resaltar, que dicho tipo delictivo puede ser también cometido por los administradores o por los socios de la propia empresa según reiterada Jurisprudencia actual.

De hecho, en el párrafo segundo del artículo 279 se describe un subtipo atenuado (privilegiado) para los casos en que esa persona obligada a guardar el secreto lo utiliza en provecho propio. El beneficiarse solo a sí mismo en principio deja más reducida la posibilidad de la competencia ilícita, que en el caso de que se difunda más allá.

En cuanto a la difusión de los listados de clientes, ya el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 12 de mayo de 2008, dejó claro que los listados de clientes se han de considerar secreto de empresa, concretamente entiende que los datos individuales de cada cliente no son secretos sino para el propio interesado; pero sí han de considerarse tales las listas de todos ellos que tienen las empresas para el buen desarrollo de sus actividades comerciales, con las cuales pueden desarrollar de modo adecuado su trabajo.

Asimismo, el Tribunal Supremo ha venido manifestando que las listas de clientes son un elemento importante para conservar y afianzar un mercado frente a otros competidores que, sobrepasando lo lícito, pudieran valerse de esas listas para ofrecer su actividad negocial a quienes, precisamente por esas listas, pueden llegar a saber la identidad y datos personales de sus futuros clientes.

Este delito lleva aparejada una pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, y para el caso de que el secreto se hubiera utilizado en provecho propio, las penas se impondrán en su mitad inferior.

Resulta de interés señalar, que el artículo 116.1 del Código Penal dispone que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivan daños o perjuicios, y el artículo 110 del mismo texto legal establece que la responsabilidad civil comprende la indemnización de perjuicios materiales y morales.

Pues bien, en relación con este tipo delictivo, el problema muchas veces radica en determinar con exactitud qué impacto económico ha tenido dicha conducta delictiva para la empresa, por lo que desgraciadamente en muchos casos no se puede llegar a cuantificar la responsabilidad civil.

Expuesto lo anterior, creemos que es esencial la elaboración de un informe pericial que pueda determinar con exactitud los daños y perjuicios que se han causado a la empresa.

 

Artículo de Claudia Pierre Trias de Bes (cpierre@uhy-fay.com)

Reformas urgentes del trabajo autónomo

Resumimos las principales novedades de la Ley 6/2017, de 24 de Octubre de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo (BOE, 25 de octubre).

 

EN EL AMBITO LABORAL:

  • Ampliación del tiempo de duración de la tarifa plana (de 6 a 12 meses), y reducción del periodo exigido sin cotizar en el RETA para su beneficio (de 5 a 2 años). Se introduce un nuevo supuesto para las mujeres autónomas que vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en los dos años siguientes a la fecha de cese por descanso por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento o tutela.
  • Posibilidad de Afiliación, Alta y Baja en la Seguridad Social hasta 3 veces al año, abonándose la cuota por días trabajados.
  • Ampliación de la posibilidad de cambiar la base de cotización hasta 4 veces al año.
  • Posibilidad de compatibilizar la realización de la actividad con el 100% de la Jubilación.
  • Se equiparará el accidente in itinere, siempre que coticen por contingencias profesionales, considerando accidente de trabajo el sufrido al ir o volver del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional., siempre que no coincida con su domicilio y esté así declarado fiscalmente.
  • Se reduce a un 10% el recargo por ingreso fuera de plazo de la deuda por cuotas de Seguridad Social durante el primer mes siguiente al debido, que era del 20%, a través de una modificación del art. 30 de la LGSS.
  • En caso de pluriactividad se devolverá la mitad del exceso de cotizaciones. La TGSS realizará la devolución de oficio antes del 1 de mayo.
  • Se mejoran las medidas de conciliación profesional y familiar ya existentes.
  • Bonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes durante 12 meses a la contratación indefinida de familiares.
  • Mejora de beneficios en la cotización a personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y victimas del terrorismo.

 

EN EL AMBITO FISCAL:

  •  Deducibilidad en el IRPF de los gastos de suministros de la vivienda parcialmente afecta a la actividad económica y de los gastos de manutención incurridos en el desarrollo de la actividad.
  • Nuevos gastos deducibles: las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con él, con unos límites.

LEI – “Identificador de Entidad Jurídica”

Muchas personas jurídicas quedarán a partir del 3 de enero de 2018 obligadas a disponer de un número LEI (“Identificador de Entidad Jurídica”, por sus siglas en inglés).

Esta obligación tiene su origen en los compromisos adquiridos por el Grupo del G20 y la iniciativa del “Financial Stability Board” (FSB) en noviembre de 2012 para dotar de mayor transparencia a los mercados financieros y evaluar y reducir los riesgos financieros de carácter sistémico.

Fruto de las recomendaciones de estos organismos, se creó el “Regulatory Oversight Committee” (ROC), para coordinar y supervisar un sistema eficaz de identificación de entidades jurídicas a escala global. Como consecuencia, las autoridades públicas y la industria financiera han desarrollado el sistema global del LEI.

La trasposición y plazos de adaptación de la normativa doméstica del sistema LEI vienen de la mano de la Directiva europea MIFID II y su reglamento de desarrollo MIFIR. En el caso de España, el Registro Mercantil tiene asignados la gestión y emisión del LEI de las entidades en su circunscripción.

El número LEI está basado en un código alfanumérico de 20 posiciones, mediante el cual cualquier entidad jurídica (por tanto, excluyendo las personas físicas y las entidades sin personalidad jurídica) quedará identificada cuando opere en los mercados financieros, ya sean mercados organizados u OTCs.  El LEI informa sobre la denominación, domicilio, domicilio de la sede principal, jurisdicción, etc. de la entidad.

La carencia del LEI implica para las entidades afectadas por la obligación de obtenerlo, la imposibilidad de operar en los mercados financieros a partir del 3 de enero de 2018, de tal manera que los derivados, valores de renta variable o de renta fija, o cualquier otro activo financiero admitido a negociación en un mercado quedaría bloqueado a partir de dicha fecha. Considérese que el hecho de que una sociedad pueda haber decidido invertir una parte de su remanente de tesorería en acciones cotizadas, ya la convierte en obligada a obtener el LEI.

En vista de la importancia de su obtención para aquellas entidades obligadas a operar con un LEI, les recomendamos ponerse en contacto con su oficina UHY más cercana para iniciar los trámites para su solicitud cuando resulte preceptivo, o si tienen cualquier duda sobre esta obligación.