Jornada Consolidación Fiscal

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La Ley del Impuesto sobre Sociedades permite que las sociedades que forman parte de un grupo mercantil puedan tributar bajo el régimen de consolidación fiscal como un sujeto pasivo único.

Con estas jornadas, a cargo de tres fiscalistas especializados en la materia, queremos ofrecer una visión muy práctica de las ventajas y desventajas de tributar bajo el régimen de consolidación fiscal, para que empresarios y directores puedan tomar la decisión más acertada conociendo los pros y contras de las distintas opciones.

 

  • Fecha: 11 de septiembre
  • Lugar: Hotel Fuerte Marbella
  • Inscripción: Gratuita hasta llenar aforo
  • Dirigido a: Empresarios, directores generales y financieros, jefes de administración
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Para reservar plaza escriba a: mlj@uhy-fay.com

Jornadas realizadas en colaboración con CIT MARBELLA y APD

España, sobresaliente en gasto de turistas

  • Economías más desarrolladas luchan por crecer en el sector turismo a la velocidad que lo hacen economías emergentes.

El gasto de turistas en España supone un 5% del PIB del país, superando en cuatro veces la media global del 1.2% del PIB, según un nuevo estudio realizado por UHY, la red internacional de consultoría y contabilidad.

El ritmo de crecimiento en gasto turístico en España en el 2016 fue del 7.2%, alcanzando los 51’73 mil millones de euros, superando los 48’25 mil millones del año anterior.

Esta evolución positiva de 2016, se vio superada en 2017, al crecer por encima del 12%, respecto al año anterior, el gasto de los turistas internacionales en España. Lo que supuso una cifra récord.

España ocupa un sexto puesto en el ranking del estudio, para el que se han analizado las cifras de 34 países en cuanto al gasto de turistas (incluyendo gastos de viaje), en los dos últimos años, como porcentaje del PIB de cada país. Lo que sitúa al turismo como uno de los sectores más importantes en España no so durante la última década, sino durante los últimos 40 años.

El estudio manifiesta que, en las economías europeas, el gasto de turistas supone como media un 2.1% PIB, una cifra muy superior al de países emergentes (0.7%)

Sin embargo, el estudio de UHY revela que en estas economías emergentes el crecimiento del gasto de turistas está aumentando a una velocidad de vértigo. Como media, el crecimiento en estos países, en los dos últimos años, ha duplicado la velocidad de crecimiento en los países europeos (2.2% comparado con el 1.1% de crecimiento en Europa).

Sergio González, socio de UHY Fay & Co en las oficinas de Madrid comenta: “el turismo ayuda a economías como la española a impulsar la creación de empleo y el crecimiento de las empresas, pero necesita una inversión permanente”.

“El turismo es un campo de batalla común en la economía global, tanto en la creación de una divisa fuerte como en la consolidación del denominado “soft power” o poder blando.

“Los programas del Gobierno central designados para promover el turismo están basados en el desarrollo de infraestructuras necesarias para acomodar y transportar a grandes cantidades de personas, incluyendo aeropuertos, carreteras o trenes de alta velocidad.”

“Durante los dos últimos años, el Gobierno ha implementado planes dirigidos especialmente a reforzar los destinos turísticos más populares”

“Como la globalización es imparable, y cada vez más gente tiene la oportunidad de viajar, el turismo está abocado a convertirse en un pilar aún más importante para la economía de los países. De forma que los gobiernos tienen que reconocer y explotar las oportunidades que este fenómeno ofrece.”

“Muchas de las primeras economías mundiales están realizando enormes inversiones enfocadas a mejorar la capacidad de sus infraestructuras para atraer a más turistas. Adicionalmente, muchos de los nuevos enclaves turísticos invierten en la creación de atracciones turísticas que retengan más tiempo al turista y así gaste más.”

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Ocupación Ilegal de Viviendas

Nuestra sociedad, está siendo testigo de un fenómeno enormemente perjudicial llevado a cabo por grupos que, valiéndose de una deficiente regulación legal, se están aprovechando de nuestro sistema legal ocupando de forma ilegal viviendas propiedad de terceras personas.

Estos grupos se están aprovechando de la situación de necesidad de personas y familias vulnerables, amparándose en la alta sensibilidad social sobre su problema para disfrazar actuaciones ilegales, ocupándose incluso viviendas de alquiler social.

Nuestra normativa procesal actual nos ofrece únicamente dos alternativas para conseguir la desocupación:

 

  • Acudir a un procedimiento penal por la posible comisión de un delito de Usurpación de bien Inmueble en su modalidad no violenta (art. 245.2 Código Penal) o;
  • Acudir al procedimiento Civil interponiendo una demanda de Juicio Verbal ejercitando una acción contra los ignorados ocupantes del inmueble al amparo del art. 41 de la Ley Hipotecaria y del artículo 250.1.7 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

Resulta interesante destacar, que desgraciadamente ninguna de las dos vías legales mencionadas resultan totalmente satisfactorias ni ágiles en la actualidad por lo que el Congreso de los Diputados, debido al aumento de las ocupaciones ilegales durante los últimos años y debido a la lentitud de los procedimientos judiciales mencionados, ha aprobado una Proposición de Ley por la que se regula un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social.

En resumen, en dicha Proposición de Ley se establecen modificaciones importantes a la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la ocupación ilegal de viviendas, concretamente se modifica el juicio verbal del interdicto de recobrar la posesión.

Se modifican los artículos 150, 437, 441 y 444 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con una disposición adicional.

 

A modo de resumen, las modificaciones más relevantes son las siguientes:

  • Podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título de un inmueble, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.

 

  • La demanda deberá venir acompañada por el título que acredite el derecho a poseer la vivienda y podrá dirigirse contra los desconocidos ocupantes de la vivienda sin perjuicio que la notificación se realice a quien se encuentre en la vivienda en el momento de notificarse la demanda.

 

  • Los ocupantes de la vivienda tendrán un plazo de 5 días desde la notificación de la demanda para contestar a la demanda y aportar título que justifique su situación posesoria. Si no se aportase justificación suficiente el Juez ordenará la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante.

 

  • Contra el Auto que decida sobre dicho incidente no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquier ocupante que se encuentre en aquel momento en la vivienda.

 

  • Para el caso de que los demandados no contestasen a la demanda en el plazo previsto se dictará de inmediato Sentencia.

 

  • La Sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

  • Las administraciones Públicas incorporarán medidas ágiles de coordinación y cooperación, especialmente con los servicios sociales a fin de prevenir situaciones de exclusión residencial y sobre todo para dar respuesta lo más inmediata posible a aquellos casos de vulnerabilidad social.

 

En definitiva, un proceso que a día de hoy puede durar aproximadamente 1 año a través de la vía civil, con esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil podría durar tan solo un breve plazo de tiempo.

Esta reforma por el momento beneficia únicamente a las personas físicas propietarias de viviendas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social dejando fuera de la misma a las entidades financieras.

Esta proposición de Ley acaba de ser aprobada por el Senado, concretamente en fecha 6 de junio de 2018, sin introducir ninguna enmienda al texto inicialmente aprobado por el Congreso de los Diputados.

 

Claudia Pierre Trias de Bes (cpierre@uhy-fay.com) 

Secretos empresariales

Frecuentemente se plantea en el ámbito jurídico la discusión respecto a qué tipo de información empresarial puede considerarse o no secreta.

La discusión tiene relevancia por cuanto calificar o no como secreta determinada información puede dar lugar a que nos encontremos ante supuestos de competencia desleal, en los que se considera desleal cualquier conducta que consista en la divulgación o explotación (obviamente sin autorización del titular) de secretos empresariales o industriales a los que se haya tenido acceso legítimamente (con deber de reserva) o ilegítimamente (Artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal).

En el ámbito penal también tiene una notable incidencia por cuanto la divulgación, cesión o revelación sin consentimiento de secretos ajenos o de empresa de los que se haya tenido conocimiento como consecuencia de la relación laboral o profesional está tipificada en el Código Penal con penas de prisión y multa (Artículos 199.1, 278.2 y 279 del Código Penal).

Es evidente que los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgada (secretos comerciales) merecen una especial protección y así lo entendió la UE al aprobar la Directiva 2016/943, que busca adoptar medidas contra la obtención, utilización y revelación ilícita de esta información.

El Ministerio de Justicia está tramitando un Anteproyecto de Ley para la transposición de esta directiva europea a fin de incorporar la misma al ordenamiento jurídico español. El plazo límite para la citada incorporación acaba el próximo 9 de junio.

En dicho anteproyecto se define el secreto empresarial a proteger como cualquier información relativa a cualquier ámbito de la empresa (incluido el tecnológico, industrial, comercial, organizativo o financiero), que reúna las siguientes características:

  1. Ser secreta
  2. Tener valor empresarial precisamente por ser secreta
  3. Haber adoptado medidas razonables para que siga siendo secreta

También se prevé qué tipo de actividades se considerarán una violación de secretos empresariales, qué acciones se podrán ejercitar contra dicha violación y las consecuencias de la misma, incluido el cálculo de los daños y perjuicios que podrán reclamarse.

Seguiremos atentos al trámite parlamentario de este anteproyecto.

 

Campaña Renta 2017

Campaña RENTA 2017

A continuación les detallamos los plazos existentes:

  • Del 4 abril al 2 de julio
Solicitud de borrador de la renta y confirmación por internet de las declaraciones de renta 2018 y Patrimonio 2018 cualquiera que sea su resultado: ingresar, devolver o negativo, con las particularidades que se aplican a cada caso.
 
  • Del 8 de mayo al 2 de julio
Confirmación del borrador de declaración por cualquier otra vía, cualquiera que sea su resultado, a ingresar, a devolver o negativo.
Les informamos que presentar la declaración de la renta fuera de plazo puede conllevar penalizaciones por parte de la Agencia Tributaria. Para evitar estas sanciones póngase en contacto con nosotros, a la mayor brevedad, para que podamos disponer de la documentación necesaria para presentar su renta.
 

España a la cola en crecimiento empresarial

El crecimiento del número de empresas españolas ha sido superado por el de muchas otras economías alrededor del mundo, según un nuevo estudio realizado por UHY, la red internacional de consultoría y contabilidad.

Según UHY, ha habido un incremento del 2% en el número de empresas españolas creadas en el año 2016, lo que resulta en un total de 3.6 millones de empresas españolas existentes en 2016, comparado con las 3.5 millones de 2015 (ver tabla a continuación).

En comparación, de forma general, los números de empresas en 2016 aumentaron un 8% en todos los países analizados en el estudio (21), con respecto al año anterior.

Sin embargo, UHY señala que el ritmo de crecimiento del número de empresas en España va a la par con el de la economía más grande del mundo, Estados Unidos.

UHY comenta que a pesar del relativo bajo crecimiento del número de empresas creadas en España, sigue siendo una cifra admirable, ya que para España ha supuesto un gran esfuerzo recuperarse del impacto de la crisis financiera.

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Modelo 221 de autoliquidación

MODELO 221-PRESTACIÓN PATRIMONIAL POR CONVERSIÓN DE ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

El pasado mes de junio de 2017, se publicó en el BOE la Orden HFP/550/2017, por la que se aprueba el modelo 221 de autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la administración tributaria.

El citado modelo, viene a materializar la obligación regulada en la Disposición Adicional 13 de la vigente Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS),  consistente en el pago de la denominada “prestación patrimonial” que se autoliquida a través de dicho modelo, y necesaria para poder ejercitar el derecho a la conversión de activos en crédito exigible frente a la administración tributaria, de acuerdo con los requisitos exigidos en el art. 130 de la LIS, pero con respecto a aquéllos activos, generados con anterioridad al 1 de enero de 2016 (por remisión a la Disposición Transitoria 33).

El origen de la citada prestación trae causa de la Ley 48/2015, de 29 de octubre , de Presupuestos Generales del Estado para 2016, que vino a introducir la regulación de la citada prestación así como a modificar la redacción del art. 130 de la Lis relativo al Derecho de conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración Tributaria, DA 13, y DT 33 de la LIS, para incluir la posibilidad de aplicar esta opción a los activos generados con anterioridad al 1/1/2016.

Siendo así, y de acuerdo con el citado precepto, con carácter general, el sujeto pasivo del Impuesto, puede optar por convertir en un crédito exigible frente a la Administración tributaria los siguientes activos por impuestos diferidos:

  • Los activos por impuesto diferido (en adelante AID) correspondientes a dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente, no adeudados por entidades de derecho público, y cuya deducibilidad no se produzca por aplicación de lo dispuesto en el art. 13.1.a) de la LIS (pérdidas por créditos comerciales respecto de las que hayan transcurrido más de 6 meses).
  • Los activos derivados de la aplicación de los apartados 1 y 2 del artículo 14 de la LIS, correspondientes a dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en su caso, prejubilación.

Para poder ejercitar el derecho a la conversión deberán darse cualquiera de las siguientes circunstancias:

  1. Que el contribuyente registre pérdidas contables en sus cuentas anuales auditadas y aprobadas por el órgano correspondiente en este caso el importe de los AID objeto de conversión estará determinado por el resultado de aplicar sobre el total de los mismos el porcentaje que representen las pérdidas contables del ejercicio respecto de la suma de capital y reservas.
  2. Que la entidad sea objeto de liquidación o insolvencia judicialmente declarada.

Dados los requisitos y circunstancias anteriores, la conversión de los AID en crédito exigible, se producirá en el momento de la presentación de la autoliquidación del IS correspondiente al período impositivo en que se produzcan las circunstancias arriba indicadas, pudiendo el contribuyente optar por solicitar su abono a la AEAT, o compensar dichos créditos con otras deudas de naturaleza tributaria de carácter estatal (esta opción se reflejará en el modelo de IS, en el que se deberá informar sobre los activos y fechas de generación, modelo que a día de hoy se encuentra pendiente de ser aprobado).

Además, para acceder a lo expuesto, la LPPGG 2016, y en relación con los activos (que cumpliendo las circunstancias señaladas) se hubieran generado con anterioridad al 1/1/2016, reguló la denominada “prestación patrimonial por conversión de activos por impuestos diferidos en crédito exigible para la Administración Tributaria, y que se autoliquida mediante el citado modelo 221.

Dicha prestación se calculará aplicando el tipo del 1.5% al importe total de los citados activos existentes el último día del período impositivo de la declaración del IS de la entidad en la medida que exceda de la cuantía que representen las cuantías positivas del Impuesto sobre Sociedades de los periodos trascurridos entre 2008 y 2015, en caso de que se produzca este exceso debe satisfacerse la prestación patrimonial, debiendo presentarse el citado modelo 221 dentro de los 25 días siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo (es decir, el mismo plazo que el existente para la presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades).

Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos

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El Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que afecta a todo tipo de empresas y entidades, supone un cambio de concepto respecto a las responsabilidades en la gestión de datos personales y por tanto requiere de una gran adaptación de los sistemas que se utilizan actualmente.

El nuevo reglamento estableció mayo 2018 como fecha límite para su implementación, puede encontrar más información en nuestro blog

Así mismo, hemos preparado un FOLLETO INFORMATIVO para explicarle brevemente las diferencias entre este reglamento y la actual Directiva de Protección de Datos, así como los pasos a seguir para implementarlo, las ventajas de hacerlo y las sanciones por incumplimiento.

Remuneración de los administradores sociales

La reforma de la Ley de Sociedades de Capital efectuada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre para la mejora del gobierno corporativo introdujo importantes modificaciones en la regulación de la remuneración de los administradores sociales.

Tras la citada reforma surgieron diferentes criterios interpretativos sobre si existen dos regulaciones alternativas en cuanto a las retribuciones de los consejeros de las sociedades no cotizadas en función del tipo de funciones que realicen: a) Las funciones “inherentes” al cargo de consejero y b) Las funciones ejecutivas (funciones de gestión ordinaria).

Una interpretación, sostenida por un sector relevante de la doctrina y por la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), afirma que la nueva regulación consagra una dualidad de regímenes retributivos; uno para los administradores en su condición de tales, que estaría sujeto a los estatutos y al acuerdo de la junta previsto en el artículo 217.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en lo sucesivo TRLSC) y otro para los consejeros ejecutivos, que quedaría al margen del sistema general del artículo 217 y que se regula en el artículo 249.3 TRLSC, por lo que la retribución de los consejeros con funciones ejecutivas no se sometería a las exigencias de los estatutos ni estaría condicionada a lo acordado por la junta general, bastaría con formalizarla en el contrato al que se refiere el artículo 249 TRLSC.

Sin embargo, otro sector doctrinal mantenía que no existía una dualidad en cuanto al control estatutario de la retribución en función de la catalogación de las distintas funciones que realicen los consejeros, por cuanto tradicionalmente, dentro del sistema de retribución de los administradores sociales, la “reserva estatutaria” ha desempeñado un papel importante, al margen de que de admitirse el sistema dual de regímenes retributivos, no se estarían respetando las exigencias de transparencia de la retribución de los administradores y la tutela del socio minoritario en las sociedades no cotizadas en las que el órgano de administración adoptara la forma de consejo de administración.

Recientemente la Sala Primera, de lo Civil, en su Sentencia núm. 98/2018, de 26 de febrero de 2018, rec. 3574/2017, se adhiere a esta segunda tesis y concluye que en las sociedades no cotizadas, la relación entre el artículo 217 TRLSC y el artículo 249 TRLSC no es de alternatividad, en el sentido de que la retribución de los administradores que no sean consejeros delegados o ejecutivos se rige por el primer grupo de preceptos, y la de los consejeros delegados o ejecutivos se rige exclusivamente por el artículo 249 TRSLC, de modo de a estos últimos no les afecta la reserva estatutaria del artículo 217 TRLSC.  El Tribunal Supremo entiende en definitiva que la relación entre unos y otros preceptos (217 a 219, de una parte, y 249 TRLSC, de otra) es de carácter cumulativo.

El Tribunal Supremo afirma que el sistema diseñado en la TRSLC, tras la reforma operada por la Ley 31/2014 queda estructurado en tres niveles:

  • Un primer nivel que está constituido por los estatutos sociales que conforme a lo previsto en el artículo 217.1 y 2 y 23.e TRLSC han de establecer el carácter gratuito (bien expresamente, bien por no tener previsión alguna al respecto) o retribuido del cargo y, en este último caso, han de fijar el sistema de retribución.
  • Un segundo nivel constituido por los acuerdos de la junta general, a la que corresponde establecer el importe máximo de remuneración anual de los administradores en las sociedades no cotizadas (art. 217.3 TRLSC primer inciso), sin perjuicio de que la junta pueda adoptar un acuerdo de contenido más amplio, que establezca una política de remuneraciones, como resulta de los arts. 249.4, II y 249. Bis.i TRLSC.
  • El tercer nivel del sistema está determinado por las decisiones de los propios administradores. Salvo que la junta general determine otra cosa, a ellos corresponde, conforme al art. 217.3 TRLSC, la distribución de la retribución entre los distintos administradores, que se establecerá por acuerdo de estos y, en el caso del consejo de administración, por decisión del mismo, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.

Cuando el consejo de administración designe entre sus miembros a uno o varios consejeros delegados o comisiones ejecutivas y establezca el contenido, los límites y las modalidades de delegación, la determinación de todos los conceptos por los que estos consejeros puedan obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas ha de realizarse mediante el contrato que necesariamente ha de celebrarse entre el consejero en el que hayan delegado facultades ejecutivas y la sociedad. Este contrato deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros.