Foro sobre Fiscalidad de Artistas y Deportistas

Con motivo de la celebración de nuestro Congreso Nacional en Málaga, UHY FAY & CO tiene el placer de invitarle al Foro sobre Fiscalidad de Artistas y Deportistas, y al cóctel que se celebrará a continuación.

El Foro se celebra con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la Unión de Abogados Europea.

Siendo la fiscalidad una de las áreas de especialización de nuestra firma y teniendo en cuenta la actualidad de un tema como la fiscalidad de artistas y deportistas, hemos querido organizar este foro de debate con profesionales de reconocido prestigio de la administración tributaria, la universidad y nuestra firma con el objetivo de ofrecer con rigor y solvencia el conocimiento de expertos, desde un punto de vista jurídico, económico y fiscal.

 

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El Foro será presidido por nuestro Excmo. Alcalde D. Francisco de la Torre Prados, y serán invitadas otras autoridades de Nuestra Ciudad, como el Excmo. Presidente de la Diputación, Excmo. Decano del Ilustre Colegio de Abogados, Ilmo. Decano de la Facultad de Derecho, Ilma. Presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Ilmo. Decano de los Jueces de Málaga, el Ilmo. Fiscal Jefe de Málaga, Ilmo. Subdelegado del Gobierno en Málaga y el Ilmo. Delegado Provincial de la AEAT.

 

 

Novedades Fiscales 2017

El pasado 28 de junio se publicó en el BOE la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 

Como cada año, se ha utilizado esta norma para incorporar medidas de carácter tributario y de efecto inmediato para el ejercicio en curso.

Por ello, con esta información queremos resumir las principales modificaciones realizadas en el ámbito tributario, y que salvo indicación expresa resultan de aplicación desde la entrada en vigor de la presente norma.

 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:

  • Se introducen mejoras en la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales, en los siguientes términos, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2017:

 

  1. Se aumentan los porcentajes generales de deducción, que pasarán a ser del 25% para el primer millón de base (antes era del 20%) y del 20% sobre el exceso de dicho importe (antes del 18%).
  2. Se establecen límites incrementados de la deducción, que con carácter general son del 50% del coste, para producciones financiadas por más de un Estado de la Unión Europea (60% del coste de producción) y para producciones que no superen el millón de euros dirigidas por un nuevo realizador (70% del coste de producción).
  3. Se incrementa el % de la deducción de los gastos realizados en territorio español para producciones extranjeras al 20% (antes era del 15%), se duplica el límite a la deducción de los gastos por personal creativo de 50.000 a 100.000 euros por persona y el límite general de esta deducción pasa de 2,5 a 3 millones de euros.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

  • Se amplía la exención prevista en el art. 20.Uno.18.j (exenciones de tipo financiero), a las entregas de moneda de colección cuando son realizadas por su emisor por un importe no superior a su valor facial.
  • Se minora el tipo impositivo, aplicable a los espectáculos culturales en vivo, que pasan a ser del 10%.
  • En consonancia, se da una nueva redacción al art. 91.Uno.1.2º, eliminando el último párrafo, por lo que debe entenderse que la aplicación del tipo reducido, debe extenderse a los servicios mixtos de hostelería, espectáculos, discotecas, salas de fiesta u otros análogos.
  • Finalmente, pasan a tributar al 10% las monturas para gafas graduadas.

 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOSJURÍDICOS DOCUMENTADOS

  • Se actualiza la escala que grava la transmisión y rehabilitación de grandezas y títulos nobiliarios.

 

IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS

  • Con efectos desde el 1 de julio de 2016 y vigencia indefinida, se reduce el importe de las cuotas a devolver por el gasóleo utilizado en la agricultura y ganadería, al objeto de adecuar la normativa interna al Derecho de la Unión Europea.

 

IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO

  • Mediante nueva redacción de la norma, realizada a través de la Disposición Final Segunda de la Ley que comentamos, se modifica el importe a partir del cual las importaciones de bienes en las Islas Canarias dejan de estar exentas, que pasa de 22 euros a 150 euros.
  • También, se establece la obligación para empresarios y profesionales de cursar la solicitud de devolución del IGIC, a través del portal electrónico dispuesto al efecto por el estado miembro en el que estén establecidos.

Ciberseguridad: ¿Está protegida su empresa?

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Desde enero de 2016 los secuestros de datos a través de internet se han triplicado, y en la actualidad se produce uno cada 40 segundos, incrementando en las pymes. Evitar ataques a la seguridad de la información se ha convertido en una de las principales prioridades para las empresas en la actualidad.

UHY Fay & Co Madrid, la Cámara de Comercio Hispano Noruega y DNV-GL, tienen el placer de invitarles al seminario Ciberseguridad: ¿está su empresa protegida? el próximo 11 de julio en las oficinas de UHY Fay & Co en Serrano 1. 

Plazas limitadas hasta cubrir aforo. Reserva escribiendo a: info@cchispanor.com 

 

Amnistía Fiscal inconstitucional

Se acaba de hacer pública la Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de junio de 2017, declarando la inconstitucional y nulidad de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 que reguló la Declaración Tributaria Especial (DTE), comúnmente conocida como “Amnistía Fiscal”.

Considera el Tribunal que “la disposición impugnada ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el art. 31.1 CE, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Al haberlo hecho así, es evidente que no puede introducirse en el ordenamiento jurídico mediante el instrumento normativo excepcional previsto en el art. 86.1 CE; esto conduce necesariamente a declarar la disposición impugnada inconstitucional y nula, por contradecir la prohibición prevista en este precepto constitucional.”

Sin embargo, el Tribunal Constitucional limita los efectos de este pronunciamiento y establece que no podrán verse afectadas las liquidaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada.

 

Convenio multilateral de la OCDE contra la evasión fiscal

Ayer se firmó el Convenio Multilateral de la OCDE con el fin de agilizar y armonizar la lucha contra la evasión fiscal.

El proyecto BEPS, de lucha contra la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) se ha desarrollado durante más de dos años y comprende un paquete de medidas para abordar el fenómeno de planificación fiscal agresiva internacional.

El texto consta de 39 artículos estructurados en siete partes como Mecanismos híbridos; Utilización abusiva de los convenios, Elusión artificiosa del estatuto de establecimiento permanente, o Mejorea de los mecanismos de resolución de controversias. 

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Nota de Prensa – La inversión de capital se desploma

España está a la cola, a nivel global, en inversión de capital en su tejido empresarial e infraestructura, lo que pone el crecimiento del país bajo presión, según revela un nuevo estudio de UHY, red internacional de auditoría y consultoría.

Según UHY, España ha sufrido en los últimos cinco años* una caída de la inversión de capital de un 26.5%, siendo de 2.269 millones de euros en 2015 (última cifra disponible en el Banco Mundial). Lo que equivale al 17.9% de su PIB en 2015. Por contraste, la media global está en un 25.7% del PIB.

El estudio de UHY ha analizado la inversión de capital en 41 países, analizando los cambios en un período de cinco años (2010-2015) y comparando la inversión al PIB de cada país.

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Novedades Operaciones Vinculadas

El Ministerio de Hacienda tiene previsto aprobar durante este año una nueva declaración informativa (modelo 232) de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados como paraísos fiscales.

En realidad, esta nueva declaración informativa sustituirá los cuadros que solicitaban esta información en la declaración-liquidación anual del Impuesto sobre Sociedades (modelo 200) hasta el ejercicio 2015, y que ya no se incluyen en el modelo 200 del ejercicio 2016.

Conforme a lo previsto en el proyecto, estarían obligados a presentar esta declaración informativa las sociedades residentes y los establecimientos permanentes en España en los que concurran alguna de las siguientes circunstancias:

 

  1. Cuando el conjunto de operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada durante el ejercicio sea de al menos 250.000€ de valor de mercado;
  2. Cuando las operaciones de la misma naturaleza y con el mismo método de valoración realizadas con una persona o entidad vinculada superen los 100.000€ de valor de mercado;
  3. Cuando se supere el importe conjunto de 100.000€ en alguno de los siguientes tipos de operaciones vinculadas:
  • Las realizadas por personas físicas que desarrollan actividades económicas que tributan por “módulos” en el IRPF, con entidades en las que aquellos o sus cónyuges, ascendientes o descendientes, de forma individual o conjuntamente entre todos ellos, tengan un porcentaje igual o superior al 25 por ciento del capital social o de los fondos propios.
  • Las operaciones de transmisión de negocios.
  • Las operaciones de transmisión de valores o participaciones representativos de la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidades no admitidas a negociación en alguno de los mercados regulados de valores, o que estén admitidos a negociación en mercados regulados situados en países o territorios calificados como paraísos fiscales.
  • Las operaciones sobre inmuebles.
  • Las operaciones sobre activos intangibles.

 

  1. Cuando la suma del importe de las operaciones de la misma naturaleza y el método de valoración, sea superior al 50% de la cifra de negocios de la entidad;
  2. Cuando se aplique la reducción por rentas derivadas de la cesión de activos intangibles (patent box) a entidades vinculadas;
  3. Cuando se hayan realizado operaciones con países o territorios calificados como paraísos fiscales; y
  4. Cuando se posean valores relacionados con paraísos fiscales.

La presentación de esta declaración informativa se deberá realizar por vía telemática a través de la web de la Agencia Tributaria durante el mes de mayo siguiente a la finalización del periodo impositivo. No obstante, las declaraciones correspondientes al ejercicio 2016 se presentarán durante el mes de noviembre de 2017.

Responsabilidad solidaria de los Administradores por las deudas sociales

Enfoque tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2017.

El artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital establece las situaciones en las cuales debe disolverse una sociedad mercantil: a) Por el cese en el ejercicio de la actividad b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años y h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.

 

En caso de no llevar a cabo esta disolución, el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital hace responsables a los Administradores de la Sociedad de manera solidaria por todos los acontecimientos posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución.

 

Cabe indicar que, antaño, antes de la entrada en vigor de la Ley 19/2005 el régimen de responsabilidad de los Administradores era mucho más duro, pues la responsabilidad al Administrador se atribuía por hechos anteriores y posteriores a la causa de disolución, habiendo dictado el Tribunal Supremo diversas Sentencias en virtud de las cuales se atenuaba la responsabilidad de los Administradores en los supuestos de adopción de medidas tendentes a reducir y mitigar el daño generado a terceros como consecuencia del incumplimiento del deber de disolver la sociedad.

 

No obstante, la Sala Primera del Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia nº 27/2017, de 18 de enero de 2017, viene a confirmar el carácter objetivo (o cuasi-objetivo) de la responsabilidad solidaria contemplada en el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, resolviendo un supuesto en el que los administradores sociales trataban de evitar su responsabilidad solidaria, a pesar de no haber convocado la Junta General en el plazo de dos meses tras la existencia de causa de disolución, argumentando que no permanecieron impasibles ante dicha situación, adoptando medidas tendentes a mejorar su situación financiera.

 

El planteamiento del recurso de casación resuelto por el Alto Tribunal en la Sentencia anteriormente indicada se centraba en determinar si cabía amortiguar la responsabilidad de los Administradores en aquellos casos en los cuales no se insta la disolución de la sociedad pero se adoptan medidas encaminadas a mejorar la situación financiera de la Sociedad y paliar las consecuencias de cara a terceros. El Tribunal Supremo resolvió en contra de las pretensiones de los Administradores.

 

Si bien es cierto, tal y como apunta el Alto Tribunal, que  existe jurisprudencia que ha tenido en cuenta ciertas circunstancias que pueden justificar que no se impute dicha responsabilidad a los Administradores cuando éstos hayan desarrollado una actuación significativa para evitar el daño, estas únicamente se refieren al precepto en su redacción anterior a la promulgación de la Ley 19/2005 (cuando se debía responder solidariamente de todas las deudas sociales, anteriores y posteriores a la existencia de la causa).

 

Con el redactado actual, en que se reduce la responsabilidad únicamente a las deudas posteriores a la aparición de la causa de disolución, las causas que podrían justificar el incumplimiento del deber legal de promover la disolución, deben ser muy excepcionales, de manera que evidencien que, en esas condiciones, a los administradores les deja de ser exigible el deber de instar la disolución.