Secretos empresariales

Frecuentemente se plantea en el ámbito jurídico la discusión respecto a qué tipo de información empresarial puede considerarse o no secreta.

La discusión tiene relevancia por cuanto calificar o no como secreta determinada información puede dar lugar a que nos encontremos ante supuestos de competencia desleal, en los que se considera desleal cualquier conducta que consista en la divulgación o explotación (obviamente sin autorización del titular) de secretos empresariales o industriales a los que se haya tenido acceso legítimamente (con deber de reserva) o ilegítimamente (Artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal).

En el ámbito penal también tiene una notable incidencia por cuanto la divulgación, cesión o revelación sin consentimiento de secretos ajenos o de empresa de los que se haya tenido conocimiento como consecuencia de la relación laboral o profesional está tipificada en el Código Penal con penas de prisión y multa (Artículos 199.1, 278.2 y 279 del Código Penal).

Es evidente que los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgada (secretos comerciales) merecen una especial protección y así lo entendió la UE al aprobar la Directiva 2016/943, que busca adoptar medidas contra la obtención, utilización y revelación ilícita de esta información.

El Ministerio de Justicia está tramitando un Anteproyecto de Ley para la transposición de esta directiva europea a fin de incorporar la misma al ordenamiento jurídico español. El plazo límite para la citada incorporación acaba el próximo 9 de junio.

En dicho anteproyecto se define el secreto empresarial a proteger como cualquier información relativa a cualquier ámbito de la empresa (incluido el tecnológico, industrial, comercial, organizativo o financiero), que reúna las siguientes características:

  1. Ser secreta
  2. Tener valor empresarial precisamente por ser secreta
  3. Haber adoptado medidas razonables para que siga siendo secreta

También se prevé qué tipo de actividades se considerarán una violación de secretos empresariales, qué acciones se podrán ejercitar contra dicha violación y las consecuencias de la misma, incluido el cálculo de los daños y perjuicios que podrán reclamarse.

Seguiremos atentos al trámite parlamentario de este anteproyecto.

 

Campaña Renta 2017

Campaña RENTA 2017

A continuación les detallamos los plazos existentes:

  • Del 4 abril al 2 de julio
Solicitud de borrador de la renta y confirmación por internet de las declaraciones de renta 2018 y Patrimonio 2018 cualquiera que sea su resultado: ingresar, devolver o negativo, con las particularidades que se aplican a cada caso.
 
  • Del 8 de mayo al 2 de julio
Confirmación del borrador de declaración por cualquier otra vía, cualquiera que sea su resultado, a ingresar, a devolver o negativo.
Les informamos que presentar la declaración de la renta fuera de plazo puede conllevar penalizaciones por parte de la Agencia Tributaria. Para evitar estas sanciones póngase en contacto con nosotros, a la mayor brevedad, para que podamos disponer de la documentación necesaria para presentar su renta.
 

España a la cola en crecimiento empresarial

El crecimiento del número de empresas españolas ha sido superado por el de muchas otras economías alrededor del mundo, según un nuevo estudio realizado por UHY, la red internacional de consultoría y contabilidad.

Según UHY, ha habido un incremento del 2% en el número de empresas españolas creadas en el año 2016, lo que resulta en un total de 3.6 millones de empresas españolas existentes en 2016, comparado con las 3.5 millones de 2015 (ver tabla a continuación).

En comparación, de forma general, los números de empresas en 2016 aumentaron un 8% en todos los países analizados en el estudio (21), con respecto al año anterior.

Sin embargo, UHY señala que el ritmo de crecimiento del número de empresas en España va a la par con el de la economía más grande del mundo, Estados Unidos.

UHY comenta que a pesar del relativo bajo crecimiento del número de empresas creadas en España, sigue siendo una cifra admirable, ya que para España ha supuesto un gran esfuerzo recuperarse del impacto de la crisis financiera.

VER NOTA DE PRENSA COMPLETA

Modelo 221 de autoliquidación

MODELO 221-PRESTACIÓN PATRIMONIAL POR CONVERSIÓN DE ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

El pasado mes de junio de 2017, se publicó en el BOE la Orden HFP/550/2017, por la que se aprueba el modelo 221 de autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la administración tributaria.

El citado modelo, viene a materializar la obligación regulada en la Disposición Adicional 13 de la vigente Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS),  consistente en el pago de la denominada “prestación patrimonial” que se autoliquida a través de dicho modelo, y necesaria para poder ejercitar el derecho a la conversión de activos en crédito exigible frente a la administración tributaria, de acuerdo con los requisitos exigidos en el art. 130 de la LIS, pero con respecto a aquéllos activos, generados con anterioridad al 1 de enero de 2016 (por remisión a la Disposición Transitoria 33).

El origen de la citada prestación trae causa de la Ley 48/2015, de 29 de octubre , de Presupuestos Generales del Estado para 2016, que vino a introducir la regulación de la citada prestación así como a modificar la redacción del art. 130 de la Lis relativo al Derecho de conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración Tributaria, DA 13, y DT 33 de la LIS, para incluir la posibilidad de aplicar esta opción a los activos generados con anterioridad al 1/1/2016.

Siendo así, y de acuerdo con el citado precepto, con carácter general, el sujeto pasivo del Impuesto, puede optar por convertir en un crédito exigible frente a la Administración tributaria los siguientes activos por impuestos diferidos:

  • Los activos por impuesto diferido (en adelante AID) correspondientes a dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente, no adeudados por entidades de derecho público, y cuya deducibilidad no se produzca por aplicación de lo dispuesto en el art. 13.1.a) de la LIS (pérdidas por créditos comerciales respecto de las que hayan transcurrido más de 6 meses).
  • Los activos derivados de la aplicación de los apartados 1 y 2 del artículo 14 de la LIS, correspondientes a dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en su caso, prejubilación.

Para poder ejercitar el derecho a la conversión deberán darse cualquiera de las siguientes circunstancias:

  1. Que el contribuyente registre pérdidas contables en sus cuentas anuales auditadas y aprobadas por el órgano correspondiente en este caso el importe de los AID objeto de conversión estará determinado por el resultado de aplicar sobre el total de los mismos el porcentaje que representen las pérdidas contables del ejercicio respecto de la suma de capital y reservas.
  2. Que la entidad sea objeto de liquidación o insolvencia judicialmente declarada.

Dados los requisitos y circunstancias anteriores, la conversión de los AID en crédito exigible, se producirá en el momento de la presentación de la autoliquidación del IS correspondiente al período impositivo en que se produzcan las circunstancias arriba indicadas, pudiendo el contribuyente optar por solicitar su abono a la AEAT, o compensar dichos créditos con otras deudas de naturaleza tributaria de carácter estatal (esta opción se reflejará en el modelo de IS, en el que se deberá informar sobre los activos y fechas de generación, modelo que a día de hoy se encuentra pendiente de ser aprobado).

Además, para acceder a lo expuesto, la LPPGG 2016, y en relación con los activos (que cumpliendo las circunstancias señaladas) se hubieran generado con anterioridad al 1/1/2016, reguló la denominada “prestación patrimonial por conversión de activos por impuestos diferidos en crédito exigible para la Administración Tributaria, y que se autoliquida mediante el citado modelo 221.

Dicha prestación se calculará aplicando el tipo del 1.5% al importe total de los citados activos existentes el último día del período impositivo de la declaración del IS de la entidad en la medida que exceda de la cuantía que representen las cuantías positivas del Impuesto sobre Sociedades de los periodos trascurridos entre 2008 y 2015, en caso de que se produzca este exceso debe satisfacerse la prestación patrimonial, debiendo presentarse el citado modelo 221 dentro de los 25 días siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo (es decir, el mismo plazo que el existente para la presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades).

Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos

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El Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que afecta a todo tipo de empresas y entidades, supone un cambio de concepto respecto a las responsabilidades en la gestión de datos personales y por tanto requiere de una gran adaptación de los sistemas que se utilizan actualmente.

El nuevo reglamento estableció mayo 2018 como fecha límite para su implementación, puede encontrar más información en nuestro blog

Así mismo, hemos preparado un FOLLETO INFORMATIVO para explicarle brevemente las diferencias entre este reglamento y la actual Directiva de Protección de Datos, así como los pasos a seguir para implementarlo, las ventajas de hacerlo y las sanciones por incumplimiento.

Remuneración de los administradores sociales

La reforma de la Ley de Sociedades de Capital efectuada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre para la mejora del gobierno corporativo introdujo importantes modificaciones en la regulación de la remuneración de los administradores sociales.

Tras la citada reforma surgieron diferentes criterios interpretativos sobre si existen dos regulaciones alternativas en cuanto a las retribuciones de los consejeros de las sociedades no cotizadas en función del tipo de funciones que realicen: a) Las funciones “inherentes” al cargo de consejero y b) Las funciones ejecutivas (funciones de gestión ordinaria).

Una interpretación, sostenida por un sector relevante de la doctrina y por la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), afirma que la nueva regulación consagra una dualidad de regímenes retributivos; uno para los administradores en su condición de tales, que estaría sujeto a los estatutos y al acuerdo de la junta previsto en el artículo 217.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en lo sucesivo TRLSC) y otro para los consejeros ejecutivos, que quedaría al margen del sistema general del artículo 217 y que se regula en el artículo 249.3 TRLSC, por lo que la retribución de los consejeros con funciones ejecutivas no se sometería a las exigencias de los estatutos ni estaría condicionada a lo acordado por la junta general, bastaría con formalizarla en el contrato al que se refiere el artículo 249 TRLSC.

Sin embargo, otro sector doctrinal mantenía que no existía una dualidad en cuanto al control estatutario de la retribución en función de la catalogación de las distintas funciones que realicen los consejeros, por cuanto tradicionalmente, dentro del sistema de retribución de los administradores sociales, la “reserva estatutaria” ha desempeñado un papel importante, al margen de que de admitirse el sistema dual de regímenes retributivos, no se estarían respetando las exigencias de transparencia de la retribución de los administradores y la tutela del socio minoritario en las sociedades no cotizadas en las que el órgano de administración adoptara la forma de consejo de administración.

Recientemente la Sala Primera, de lo Civil, en su Sentencia núm. 98/2018, de 26 de febrero de 2018, rec. 3574/2017, se adhiere a esta segunda tesis y concluye que en las sociedades no cotizadas, la relación entre el artículo 217 TRLSC y el artículo 249 TRLSC no es de alternatividad, en el sentido de que la retribución de los administradores que no sean consejeros delegados o ejecutivos se rige por el primer grupo de preceptos, y la de los consejeros delegados o ejecutivos se rige exclusivamente por el artículo 249 TRSLC, de modo de a estos últimos no les afecta la reserva estatutaria del artículo 217 TRLSC.  El Tribunal Supremo entiende en definitiva que la relación entre unos y otros preceptos (217 a 219, de una parte, y 249 TRLSC, de otra) es de carácter cumulativo.

El Tribunal Supremo afirma que el sistema diseñado en la TRSLC, tras la reforma operada por la Ley 31/2014 queda estructurado en tres niveles:

  • Un primer nivel que está constituido por los estatutos sociales que conforme a lo previsto en el artículo 217.1 y 2 y 23.e TRLSC han de establecer el carácter gratuito (bien expresamente, bien por no tener previsión alguna al respecto) o retribuido del cargo y, en este último caso, han de fijar el sistema de retribución.
  • Un segundo nivel constituido por los acuerdos de la junta general, a la que corresponde establecer el importe máximo de remuneración anual de los administradores en las sociedades no cotizadas (art. 217.3 TRLSC primer inciso), sin perjuicio de que la junta pueda adoptar un acuerdo de contenido más amplio, que establezca una política de remuneraciones, como resulta de los arts. 249.4, II y 249. Bis.i TRLSC.
  • El tercer nivel del sistema está determinado por las decisiones de los propios administradores. Salvo que la junta general determine otra cosa, a ellos corresponde, conforme al art. 217.3 TRLSC, la distribución de la retribución entre los distintos administradores, que se establecerá por acuerdo de estos y, en el caso del consejo de administración, por decisión del mismo, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.

Cuando el consejo de administración designe entre sus miembros a uno o varios consejeros delegados o comisiones ejecutivas y establezca el contenido, los límites y las modalidades de delegación, la determinación de todos los conceptos por los que estos consejeros puedan obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas ha de realizarse mediante el contrato que necesariamente ha de celebrarse entre el consejero en el que hayan delegado facultades ejecutivas y la sociedad. Este contrato deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros.

 

Impuesto sobre Sucesiones y No Residentes

EL TRIBUNAL SUPREMO SENTENCIA QUÉ REGLAS DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES SON DISCRIMINATORIAS PARA RESIDENTES NO COMUNITARIOS

El Tribunal Supremo dictaminó el 19 de febrero de 2018 que las disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), según las cuales los contribuyentes no comunitarios están sujetos a un impuesto mayor que los residentes en la UE o en España, son contrarias a la legislación de la UE.

La discriminación tiene su origen en la diferente legislación en materia de ISD aplicable en el territorio español. Las comunidades autónomas tienen aprobados importantes beneficios fiscales -en algunos casos bonificaciones del 99%- solo aplicables a los contribuyentes con residencia fiscal o vínculo directo con dicho territorio regional. Esta normativa autonómica no es aplicable a los sujetos pasivos residentes fuera de la UE y del EEE, que están obligados a aplicar el régimen estatal de ISD.

La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJE) de septiembre de 2014 (C-127/12) ya consideró discriminatorio la imposibilidad de aplicar estas desgravaciones regionales a los residentes de la UE que estaban, en aquel entonces, obligados a aplicar normativa estatal. En aplicación de esta sentencia, a partir de enero de 2015 se modificó la legislación española para eliminar la discriminación con otros residentes de países de la UE y del EEE.

Nada cambió para los residentes no comunitarios. Finalmente, el pasado 19 de febrero de 2018 el Tribunal Supremo ha confirmado que el marco jurídico español del ISD es contrario a normativa comunitaria en lo que respecta a los residentes no comunitarios que reciben bienes en España a través de una herencia.

La sentencia se basa en el principio fundamental de la UE sobre la libre circulación de capitales, el cual también se aplica a los residentes en países no pertenecientes a la UE, y reconoce el derecho de los contribuyentes no residentes extracomunitarios a aplicar las desgravaciones regionales para proteger dicho principio. Sobre esa base, el Tribunal dictamina a favor de la devolución del exceso de gravamen en ISD a un contribuyente residente fiscal en Canadá al que se le impidió aplicar las bonificaciones autonómicas en la herencia. Esta decisión está influenciada por otro caso del Tribual de Justicia de la Unión Europea que declaró discriminatorio el régimen fiscal aplicable a herencias en Alemania (Tribunal de Justicia de la Unión Europea 2013, c-181/12).

El procedimiento del que trae causa la Sentencia no se inició mediante solicitud de devolución de ingresos indebidos ya que la liquidación en cuestión estaba prescrita. El contribuyente optó por presentar una reclamación patrimonial a la Administración basada en el daño causado por una normativa considerada discriminatoria. El Tribunal Supremo condena al Estado a restituir a este contribuyente el exceso de ISD abonado por considerar que es responsabilidad del legislador español la existencia de una normativa discriminatoria en materia de ISD.

Esta sentencia abre una vía alternativa a otros contribuyentes que se hayan visto afectados por esta norma y cuyos impuestos estén prescritos, pues tienen ahora la posibilidad de reclamar daños más allá de los cuatro años que la ley marca para la prescripción de impuestos.

La sentencia tendrá un “gran impacto” en la actual normativa de impuestos sobre herencia y sucesiones ya que se abre la puerta para que los contribuyentes puedan reclamar la devolución de todos los impuestos pagados bajo la normativa discriminatoria.

Nos superan en creación de empresas

El crecimiento del número de empresas españolas ha sido superado por el de muchas otras economías alrededor del mundo, según un nuevo estudio realizado por UHY, la red internacional de consultoría y contabilidad.

Según UHY, ha habido un incremento del 2% en el número de empresas españolas creadas en el año 2016, lo que resulta en un total de 3.6 millones de empresas españolas existentes en 2016, comparado con las 3.5 millones de 2015 (ver tabla a continuación).

 

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