El 5 de febrero de 2025, el Consejo de ministros aprobó el anteproyecto de Ley para la reducción de jornada, que aún debe pasar por tramitación parlamentaria. Este texto propone una serie de medidas que, de ser aprobadas, modificarán las condiciones laborales en España, especialmente en lo referente al horario de trabajo, la desconexión digital y el control horario.
Una de las principales novedades es que la jornada laboral se reducirá a 37,5 horas en cómputo anual, lo que implica una disminución de la carga horaria semanal sin afectar el salario de los trabajadores.
El anteproyecto también extiende el derecho a la desconexión digital, permitiendo a los trabajadores no recibir comunicaciones fuera de su horario laboral. Las empresas deberán garantizar que no haya represalias por no responder a correos electrónicos o llamadas fuera del tiempo de trabajo, debiendo de proteger el tiempo personal de los empleados.
Asimismo, se introduce la obligación de establecer un registro de jornada digital, accesible tanto para los trabajadores como para sus representantes legales y la Inspección de Trabajo. Este registro debe ser inmediato y poder consultarse de forma remota, sin vulnerar la privacidad de los empleados. En caso de incumplimiento, las empresas podrían enfrentarse a sanciones económicas de hasta 10.000 euros por trabajador afectado.
Por último, los Convenios Colectivos tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a las nuevas disposiciones. Esto permitirá a las empresas y sindicatos realizar los ajustes necesarios para cumplir con las nuevas regulaciones.
Aunque el Consejo Económico y Social ha respaldado el anteproyecto, con 57 votos a favor y 2 en contra, también ha señalado que el Gobierno no ha justificado adecuadamente la necesidad de la ley, sugiriendo la carencia de una mayor fundamentación sobre los beneficios sociales y económicos de la reducción de la jornada laboral.
Es fundamental que se implementen mecanismos de seguimiento y evaluación que aseguren que la reducción de jornada no afecte a la calidad del trabajo ni a la competitividad de las empresas. Solo de esta manera se podrá garantizar que los beneficios de esta ley sean reales y sostenibles para todos los involucrados.
Javier Lara
Head of Labour Compliance
jlf@uhy-fay.com
