Resumen de medidas adoptadas en España frente al impacto económico y social del COVID-19 en materia de contratación pública
El Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece una serie de medidas encaminadas a evitar y paliar los efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad empresarial derivados de la suspensión de los contratos públicos.
Con carácter general, se impide la resolución de los contratos, estableciéndose así mismo un sistema para el resarcimiento de daños y perjuicios sufridos por el contratista a consecuencia de dicha suspensión, en caso de que así proceda, teniendo en cuenta la tipología del contrato de que se trate.
- Contratos públicos de servicios y suministros de prestación sucesiva:
- Suspensión automática (previa declaración del órgano contratante a petición del contratista) si su ejecución deviene imposible;
- Derecho al resarcimiento de determinados costes (costes laborales, de inmovilizado, de mantenimiento de garantías y seguros), previa acreditación por parte del contratista;
- La suspensión no se considera causa de resolución;
- Se prevé la prórroga de un contrato vencido que garantice la continuidad de la prestación, aunque no se hubiera respetado el plazo para la publicación del anuncio del nuevo expediente;
- Resto de contratos públicos de servicios y suministros:
- El contratista podrá solicitar un plazo adicional equivalente al tiempo de suspensión para ejecutar la prestación comprometida, sin imposición de penalidades ni resolución del contrato;
- El contratista puede solicitar el abono de los gastos salariales en los que hubiera incurrido durante el tiempo de suspensión, hasta un límite máximo del 10% del precio inicial del contrato.
- Contratos públicos de obra:
- Posibilidad del contratista de solicitar la suspensión del contrato y de solicitar la indemnización por determinados conceptos.
- Contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios:
- En caso de imposibilidad de ejecución de la prestación, declarada por el órgano contratante a instancia del concesionario, se establece el derecho del mismo al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante la solicitud de una ampliación de la duración inicial del contrato hasta un máximo de un 15% o mediante una modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato, con el objetivo de compensar la pérdida de ingresos y los gastos salariales abonados durante la duración de la imposibilidad de su prestación
NOTA: Sin perjuicio de lo anterior, la normativa autonómica y/o local, puede desarrollar mediante normativa propia las previsiones anteriormente señaladas, a las que , en todo caso, quedaría vinculada con carácter básico; tal sería el caso de Cataluña, con la aprobación del Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte pública y en materia tributaria y económica.
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